Gabriel Laborda
domingo, marzo 11, 2012
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Plombemia: 90 juicios por 25 millones de dólares
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N L. COSTA / P. MELÉNDREZ
Hay decenas de familias en Montevideo que a más de diez años esperan una solución ante la plombemia. El Estado enfrenta 90 juicios por más de US$ 25 millones y una denuncia penal por la desaparición de historias clínicas de los pacientes.
"Yo quería ser ingeniero naval. Quiero todavía", dice Nahuel, de 13 años. Vive en La Teja y desde que le diagnosticaron plombemia, en 2008, le cuesta mucho estudiar. Su hermano, Tomás, de cinco, empezó el jardín de infantes esta semana. La maestra ya citó a su madre para tener una reunión.
"Es como escuchar las maestras de Nahuel cuando era chiquito", comenta Yanina Silva, su madre. "Es lo mismo. Uno ve que es inteligente, que sabe, pero no puede agarrar un lápiz", lamenta.
A unas cuadras, Eric, también de cinco, mira por una rendija del portón para ver quiénes son los visitantes. Hace cuatro años le detectaron 18 microgramos de plomo en sangre.
La Organización Mundial de la Salud considera que más de 10 microgramos es riesgoso. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública fija el límite en 20.
Fabián, de 15 años, es hermano de Eric. Tiene 20,4 microgramos y un nivel de calcio en los huesos que lo dejan a un paso de la osteoporosis y, además, no crece.
Pasaron 11 años desde que la contaminación por plomo tomó estado público, a principios de 2001, principalmente en el barrio La Teja.
El efecto de la plombemia es más severo en los niños que en los adultos. En los menores puede causar problemas de aprendizaje, sordera, hiperactividad, dificultades de crecimiento y hasta conductas violentas.
La contaminación está afectando a una segunda generación; muchos de los niños y adolescentes diagnosticados con plombemia hace diez años ya son padres o tienen hermanos menores que padecen el mismo problema.
Según pudo saber El País, mes a mes pasan por la policlínica de Contaminantes Químicos Ambientales del hospital Pereira Rossell entre 90 y 100 niños con plombemia. No solo consultan de La Teja, sino también de Peñarol (adonde llegaron familias realojadas) y hasta del interior del país.
HAY 90 JUICIOS. Si bien la problemática casi dejó de estar presente en los medios de prensa, se instaló en los juzgados: hay casi 90 demandas en trámite contra la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, entre ellas acciones iniciadas por las familias de los hermanos Nahuel y Tomás, Eric y Fabián. Los juicios involucran a unos 180 adultos y más de 400 niños.
El total de esos reclamos judiciales (iniciados en su mayoría por personas de La Teja, Capurro y zonas cercanas al arroyo Miguelete) asciende a casi US$ 25 millones, estima el Ministerio de Vivienda en su memoria anual de 2011.
En 2010, y tras un extenso trámite judicial de nueve años, la primera familia de las tantas que iniciaron reclamos obtuvo un fallo a favor definitivo de parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Ese fallo, que motivó una indemnización de unos US$ 10 mil, hizo que otras familias se interesaran en reclamar, según explica a El País el abogado Carlos Roselló, patrocinante de todas las acciones. "Hay un ilícito ambiental en el cual el Estado tiene resarcir los daños causados", sostiene.
En cada caso, Roselló reclama una indemnización para la familia y una pensión para los menores; ya que muchos de ellos -como Nahuel, Tomás, Eric y Fabián- quedaron con secuelas quizá permanentes.
"Hay niños que padecen retrasos mentales, problemas físicos y hay niñas de 12 años con osteoporosis. Todos han visto comprometidas seriamente sus posibilidades intelectuales y físicas en el futuro", grafica el abogado de las familias.
Más allá del caso que tuvo sentencia de la SCJ, los demás juicios están recién en primera instancia y todavía lejos de resolverse. Según el Ministerio de Vivienda, en 14 expedientes la Justicia entendió que el plazo para realizar el reclamo caducó y por eso no tramitó las acciones, que hubieran generado condenas al Estado por más de US$ 5 millones.
Además, muchas familias enfrentan otro problema: la desaparición de historias clínicas que serían usadas como prueba fundamental en los juicios.
La desaparición de esa documentación en el hospital Pereira Rossell "es un tema muy delicado", dice el abogado. Esa situación motivó que a fines del año pasado, la jueza de lo contencioso administrativo Cristina Cabrera, quien tramita varias demandas, diera cuenta de esos hechos a una sede penal, informa Roselló.
"No es para nada común" que una jueza civil de cuenta de un hecho a un colega penal, resalta el abogado. A su juicio esto "demuestra la gravedad del problema".
Una de las posibles explicaciones para el extravío de las historias clínicas, según se les indicó a las familias, es que se hayan traspapelado al ser trasladadas desde el Pereira Rossell al Centro de Salud Enrique Claveaux (ex Hospital Filtro), donde funciona la Unidad Pediátrica Ambiental creada para dar respuesta a este tipo de problemáticas de salud infantil.
SIN RESPUESTAS. La contaminación por plomo se genera, principalmente, por la presencia del metal en el suelo, algunos tipos de pinturas y en construcciones. Desde enero de 2004 Ancap produce combustibles sin plomo.
A Daniel, padre de Eric, le pidieron que no hiciera más reformas en su casa para que dejara de tener contacto con la pintura, pero no recibió una alternativa ni una propuesta concreta de realojo.
Ahora no tocan la pared porque tienen miedo pero siguen allí, con una grieta de dos centímetros en medio del techo que cuando llueve deja caer, literalmente, una cortina de agua.
Desde el Ministerio de Vivienda se indicó a El País que la secretaría de Estado no tiene planteada ninguna acción de realojo debido a la plombemia. Años atrás reubicaron a varias familias que vivían en asentamientos de La Teja.
El País intentó sin éxito consultar al director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Juan Canessa, quien no pudo ser ubicado en su teléfono particular.
Afuera de la casa de Daniel los niños juegan descalzos sobre la tierra que aquellos técnicos dijeron estaba contaminada. La contaminación por medio del agua sí fue interrumpida cuando OSE cambió las cañerías de plomo de la zona.
Viviana, en el mismo predio, le transmitió el plomo a su bebé. Cuando cumpla los seis meses le harán el primer examen pero ya lo vieron en su cordón umbilical.
Ninguna de las familias que contactó El País recibían suplementos alimenticios por parte del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Daniel dice que hubiera preferido no enterarse del tema porque ahora no tiene respuesta para sus hijos.
"Recién empiezan a vivir"
En un año, los casos de niños con plombemia en estación La Floresta (Canelones) aumentaron en un tercio: en marzo de 2011 había seis afectados y este mes se constataron nueve. A los vecinos se les ha indicado que existen dos posibles causas del alto nivel de plomo: la contaminación del suelo y la cañería de OSE en la zona, que es de hierro. Uno de los niños afectados debió permanecer internado durante 15 días en un CTI por problemas en los huesos. "Estamos hablando de criaturas que recién empiezan a vivir la vida", lamentó Rosario Fernández, cuyos cuatro sobrinos padecen plombemia.
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