UN DILEMA DE VIDA O MUERTE PARA LA SOCIEDAD URUGUAYA

La seguridad publica tiene su basamento en la moral, en la justicia, en el ordenamiento juridico, en la tranquilidad, en la paz y en la proteccion de esenciales derechos humanos como la vida, la salud, la libertad y el trabajo. Nuestro pueblo no goza hoy de ninguno de esos bienes indispensables para una vida normal. La inseguridad ha llevado a nuestras sociedad a vivir con miedo, entre rejas, y a la destruccion de esos derechos inherentes a la naturaleza humana, con la consiguiente desaparicion del Estado de Derecho. Lo que ha incrementado la delincuencia ha sido la pobreza de valores, de espiritu, la falta de educación y el desapego por valores universales como el del trabajo y el respeto a los derechos ajenos. Pero por sobre todo, la raíz y fundamento de semejantes calamidades es el mal ejemplo de los gobernantes. Un gobierno corrupto, sectario y extranjerizante carece de toda autoridad real para sancionar a los infractores de leyes que él mismo no respeta. Un Estado Desertor que se despreocupa de las necesidades reales de la población no es respetado, ni merece respeto.
La incidencia de la minoridad en el auge delictivo que padecemos es innegable y lamentablemente incontrolable, incluso por la falta de códigos en el ambiente del delito: primero se dispara, luego se pregunta. Agravado por un gobierno cuyos dogmas ideológicos le exigen considerar al delincuente como víctima de la sociedad,  y por un sistema politico sin respuestas. Si le sumamos que el 90 por ciento de los delitos perpetrados por menores no se cometen por hambre, es indudable que el Estado no cumple con su cometido esencial de garantizar la tranquilidad en el orden justo, y que en una total subversión de valores, protege la libertad de los delincuentes --incluidos no más de 700 menores-- de mantener cautivos a los miembros honestos y laboriosos de la sociedad.  Hoy mismo Uruguay se ve sacudido por la pérdida irreparable de ese muchacho de 35 anos vilmente asesinado, que deja 5 niños sin protección alguna.

Formulamos dos cuestiones cruciales y exigimos respuestas sin rodeos:  (1) ¿Este Estado Desertor de sus obligaciones, no está también manchado con la sangre inocente de ese joven trabajador, y tantos otros a quienes se "garantizan" de palabra derechos que se atropellan impunemente?  Y (2) Un Estado que ha gastado en reparar, indemnizar, con pensiones y canongías, a guerrilleros confesos, como hoy en antropológos, ¿indemnizará de oficio a estos verdaderos desaparecidos sociales de hoy, o sus deudos tendran que deambular durante decadas por los estrados judiciales, para obtener --quizás --una tardia y misera reparacion que no devolverá a sus familias, ni a la comunidad de la gente decente, a las víctimas que el régimen deja --conciente y voluntariamente-- a merced de la hez de la sociedad?

Coronel Luis María Agosto Bessonart
Srio. General y Orientador Ideológico
Bloque Cívico UNIDAD NACIONALISTA