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martes, mayo 15, 2012
El primero en hacerla debería ser Danilo Astori quien cinco años atrás sostuvo ante el Parlamento y la prensa que Bengoa -a quien por entonces llamaba "compañero"- era "inocente". Integrante de Asamblea Uruguay, sector político que fundó el actual vicepresidente, Bengoa fue defendido a capa y espada por sus conmilitones que resistieron incluso el tratamiento del asunto en la interna de la coalición de gobierno.
Tanto fue así que quien era presidente del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, el general Víctor Licandro, renunció a su cargo irritado por las demoras en investigar y aclarar las denuncias que llovían sobre Bengoa. Otro miembro del Tribunal, el ex diputado socialista Guillermo Chifflet, también dimitió por similares razones.
A principios de 2007, mientras aun intentaban sostener a Bengoa, el intendente Ricardo Ehrlich, sucesor de Mariano Arana (bajo cuyo mandato se registraron las millonarias pérdidas de los casinos), anunció que enviaría a la justicia las conclusiones de la investigación hecha en el municipio. Al mismo tiempo, la prensa, en especial el semanario de izquierda Brecha, publicaba amplios informes sobre la red de corrupción tejida en torno a los casinos y las máquinas tragamonedas.
A esas alturas se conocía el resultado de la auditoría pedida al Tribunal de Cuentas por la Junta Departamental en donde quedaban comprobados pagos irregulares por el mantenimiento y arrendamiento de esas máquinas así como contratos directos con proveedores. También trascendía la realización de una fantasmal colecta entre empresarios para una refacción del Parque Hotel que nunca se hizo.
A pesar de tantos indicios de operaciones delictivas, la bancada del FA rechazó una y otra vez la propuesta de la oposición para crear una comisión parlamentaria que indagara la gestión de los casinos municipales en el período 2000-2005. Una actitud que algunos de sus dirigentes mantuvieron incluso después que la jueza Fanny Canessa procesó con prisión a Bengoa y sus socios a fines de 2007. El argumento esgrimido entonces por Astori y otros jerarcas frenteamplistas fue que el procesamiento no equivalía necesariamente a una condena.
A la postre, la sentencia de Canessa confirmó que el director de casinos incurrió en los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés personal y del público con una pena de cuatro años y medio de prisión. En el fallo se reitera que Bengoa "engañó" a sus superiores, el intendente Arana y la secretaria general, María Julia Muñoz. De ambos jerarcas se dice que "omitieron actuar con la debida diligencia en el contralor del subordinado y en consecuencia fueron engañados".
Si bien Arana y Muñoz fueron absueltos por la justicia, en el área administrativa su acción como responsables supremos del servicio resultó cuestionada, algo que podía preverse mucho antes del fallo de Canessa. Esa flaqueza que mostraron en controlar y supervisar una gestión de casinos -que arrojó pérdidas por 15 millones de dólares, un récord a nivel internacional- no inmutó a nadie en el FA. Fue así que el ex intendente y la secretaria general conservaron sus cargos ministeriales en el gobierno de Vázquez mientras se tornaba notorio que habían fracasado, como dice la sentencia, "en el contralor del subordinado" Bengoa.
Hoy, con la condena del director de casinos y su elenco se cerró un capítulo negro en la historia de la administración pública de nuestro país. Un capítulo iniciado siete años atrás cuando en la Junta Departamental capitalina ediles de los partidos tradicionales denunciaron graves pérdidas en los casinos sin que al FA, al mando de la comuna, se le moviera un pelo.
Desde entonces hubo demasiada pasividad en una fuerza política que llegó al gobierno declarándose implacable con quienes metieran "la mano en la lata". Una pasividad sobre la que no hay autocrítica. Ni siquiera un amague.
El País Digital
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