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jueves, septiembre 24, 2020
El Reino Unido es uno los principales exportadores (40%) y España tiene una participación importante (6%). La Unión Europea los prohíbe por su daño tanto ambiental como a la salud de la población.
“Es la primera vez que sale a la luz un estudio tan completo, donde se demuestra que los intereses económicos de algunas empresas europeas están por encima de la ética”, explicó el científico británico Doug Parr, miembro del equipo de Unearthed (la unidad de investigación de Greenpeace) que ha destapado la investigación en colaboración con la ONG suiza Public Eye.
Entre algunos de los países receptores de estos pesticidas prohibidos (entre ellos el organoclorado dicloropropeno, la cianamida, el paraquat, el herbicida trifluralina, el acetoclor, la atrazina) están, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de "desarrollo" de África y Asia.
En 2018, Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, de los cuales un 6% son de empresas españolas como Deuxal, Agroquímicos de Levante e Industrial Química Key, según datos de Greenpeace tras analizar más de 400 documentos de firmas europeas. A pesar que dentro de Europa el porcentaje de pesticidas prohibidos por España sea bajo, hay mucho dinero de por medio: el sector genera más de 1.000 millones de euros al año. A nivel global, el mercado de los productos químicos para la agricultura está copado por unas pocas empresas gigantes como la de origen suizo Syngenta, comprada por un conglomerado asiático ChemChina en 2017 por 39.000 millones de euros.
" La Unión Europea decidió prohibir estos pesticidas por tener efectos perjudiciales para los ecosistemas como, por ejemplo, contaminación de aguas, la alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, de aves y peces. Además, también porque pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades como el Párkinson o el cáncer y afectar los sistemas endocrino y reproductivo del ser humano."
" Éstos productos tóxicos, son químicos muy, pero muy nocivos."
Por su parte, los fabricantes defienden su “compromiso con la salud” y niegan las acusaciones.
No es cierto que existan ‘lagunas legales’, "todas" nuestras actividades cumplen con la legislación de la Unión Europea y " la legislación vigente " en cada uno de los países importadores, señalan desde la organización internacional que defiende los intereses de los fabricantes de estos productos. Dicen que están adscritos al Convenio de Rótterdam (que desde 2004 vigila la exportación de químicos) y a las últimas directivas de la FAO, el órgano de Naciones Unidas para la agricultura.
https://elpais.com/elpais/2020/09/09/planeta_futuro/1599654771_965094.html
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